La
crisis multiplica el número de damnificados por las políticas
capitalistas y neoliberales. Ello ha supuesto que 5.977.500 de personas
se encuentren en situación de desempleo según datos de la EPA del
segundo trimestre de 2013; recortes sociales en sanidad, educación o de
ayudas a la dependencia mediante menor asignación presupuestaria y
privatizaciones, entre otras; y un preocupante aumento de la
precarización de las condiciones laborales y los abusos ejercidos sobre
los trabajadores.La carencia de empleo y de ingresos
constituye uno de los principales motivos de desahucios. Según el
Consejo General del Poder Judicial, el número de desahucios
(lanzamientos) en 2012 era de 101.034 y para 2013 estima que el 37,5%
será motivado por ejecuciones hipotecarias y el 57,7%, ejecuciones de
arrendamiento. Resulta inadmisible que en un estado democrático, social y
de derecho a la vez que el uso y disfrute de una vivienda digna, el
empleo en un trabajo digno y la garantía de suficiencia económica de las
personas son constitucionalmente declarados, se consienta que
simultáneamente existan situaciones en las que a las personas se les
prive de ellos.
Mientas
tanto, el Estado reflota a la banca inyectándole cantidades astronómicas
de dinero público, los barrios se deterioran a marchas aceleradas, el
número de personas que no disponen de ningún tipo de prestaciones
sociales acrecienta a medida que se desarrolla el periodo de crisis, el
fantasma de la pobreza infantil vuelve a asomarse en nuestra realidad
cotidiana, aumentan las enfermedades mentales y suicidios, los comedores
sociales y programas de alimentos se ven desbordados. Pobreza, paro,
precariedad y marginación se anudan, limitando la libertad real de
millones de personas y expulsándolas a la cuneta, a la exclusión social.
Junto a
la pobreza conocida emergen nuevas formas de marginación y precariedad.
En el Estado Español, la tasa de personas en riesgo de pobreza y/o
exclusión social es del 27% para el año 2011 según EUROSTAT. Casi la
mitad de los jóvenes se encuentran en paro, condenados a vivir en casa
de sus padres; la emigración acaba constituyendo la única perspectiva
incluso para muchos jóvenes con titulación universitaria, emigración
obligatoria que desde las tribunas del poder se atreven a afirmar, sin
pudor alguno, que constituye una fortaleza para los jóvenes y para el
conjunto del Estado.
En esta
situación, las ayudas no contributivas y las correspondientes a rentas
mínimas establecidas por las instituciones públicas, muy dispares entre
los distintos territorios que conforman el Estado español, muestran
descarnadamente su radical inadecuación a la realidad, se revelan
insuficientes para la condición de habitabilidad digna de las personas y
se terminan convirtiendo en una miserable carrera de obstáculos debido a
su excesiva burocratización y a su condicionamiento a situaciones de
emergencia límite que no cubren la situación de emergencia social
generalizada.
A los que
mandan se les llena la boca de palabras como pleno empleo, Estado del
Bienestar o protección social. Y las leyes fundamentales, tales como la
Constitución Española o los Estatutos de Autonomía establecen con
solemnidad esos derechos sociales elementales, que en una gran
proporción de los casos no son ejecutados por su supeditación a la
supremacía económica. Ha llegado la hora de exigirles que cumplan las
leyes y que sus hechos se compadezcan de sus bonitos discursos.
Toda la
situación expuesta en este preámbulo supone una flagrante violación del
Derecho a la vida expuesto en el artículo 15º de la Constitución
Española y en el 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Por ello, de la unión de un gran número de personas ha surgido el
“Movimiento Contra el Paro y la Precariedad. Por una Renta Básica Ya”,
apoyado por distintos colectivos y movimientos sociales, para decir
basta y exigir una respuesta urgente a esta situación. Consideramos que
una de las primeras medidas a tomar es la implantación de la Renta
Básica a nivel estatal. En esta propuesta se dan la mano la lucha contra
la marginación social y la pertinencia de dar cauce a un nuevo derecho
de personas, cuya reivindicación se ha ido asentando en los últimos
años.
El nivel
de pobreza que ha alcanzado el Estado español se sitúa en el 13,7%,
según datos de la OCDE, y no es previsible una mejora en el medio plazo.
De su solución no deben encargarse las llamadas agencias de caridad, el
sector privado, ni el tercer sector. De lo contrario, esta realidad
debe ser entendida como una situación social y colectiva, de emergencia y
estructural, de degradación de las condiciones de vida. En base a ello,
es el Estado el responsable en su eliminación.
Así Renta
Básica es un instrumento factible de erradicación de la pobreza, un
mecanismo de reparto de la riqueza y distribución de la renta, que puede
dar seguridad económica a la población frente a la incertidumbre y la
arbitrariedad, permite iniciar otros modos de vida, fomenta la igualdad
de género y contribuye a eliminar los estigmas sociales. Estimamos que
la Renta Básica puede ser un pilar del nuevo sistema de bienestar y un
instrumento útil para defenderse del deterioro de las condiciones de
vida que impone el capitalismo global. Pero, para que constituya una
herramienta de transformación social, es preciso superar la manipulación
que ha sufrido el concepto por parte de los poderes. La Renta Básica
que defendemos no es una limosna, una prestación asistencial, ni un
salario de pobres.
No
queremos una ayuda graciable, mangoneada por la administración de turno,
sino un derecho inherente a la condición de personas. Consideramos la
Renta Básica una propuesta para hacer justicia, no una medida para
practicar la caridad pública, perpetuar los guetos y la segregación
social. Defendemos el modelo de Renta Básica de las Iguales, modelo que
vienen defendiendo diversos movimientos sociales tales como Baladre, así
como otros modelos en los que trabajan un gran número de colectivos y
movimientos del Estado español que vienen luchando por una Renta Básica
como un derecho con las características de individualidad universalidad,
e incondicionalidad (o no sujeto al mercado de trabajo) y que ha sido
culminado por una Iniciativa Legislativa Popular autonómica llevada a
cabo por la Plataforma Extremeña contra la Exclusión Social y los
Campamentos Dignidad, contando con un gran consenso de la población.
Concebimos la Iniciativa Legislativa Popular por la Renta Básica como
una herramienta para sacar de la intemperie a miles de personas, pero
también para combatir el miedo y la desmovilización social. “No hay pan
para tanto chorizo”, se ha gritado con rabia en las plazas. No hay
dinero para saciar la codicia de los delincuentes de cuello blanco. Sí
hay y debe haber recursos para garantizar una vida austera pero digna a
todas las personas. Por todo lo expuesto, presentamos la siguiente Iniciativa Legislativa Popular:
Artículo
1. Derecho a la Renta Básica. Se establece el derecho de todo persona,
por el hecho de haber nacido, a recibir una cantidad periódica que cubra
sus necesidades básicas. La Renta Básica se constituye como derecho
individual, universal e incondicional. Disposición transitoria. La
cuantía de la Renta Básica será la equivalente al Umbral de la pobreza
fijado en “el 60% de la mediana de la distribución de los ingresos por
unidad de consumo adjudicados a las personas”, será de 645,33 euros
mensuales correspondiendo al último dato expuesto por EUROSTAT (año
2011), tendiendo a equipararse en los años sucesivos al equivalente del
mismo concepto.
Disposición Adicional Primera.
Aplicación gradual. Se establecen dos fases
de implementación de la Renta Básica. Una primera fase que entrará en
vigor de forma inmediata tras la aprobación de la presente Ley. Afectará
a todas las personas domiciliadas en el Estado Español e inscritas en
el Servicio Público de Empleo correspondiente a cada territorio, que no
tengan cobertura por desempleo ni dispongan de otros ingresos. De la
misma manera afectará a aquellas personas cuyas rentas, ya provengan de
salarios, subsidios o pensiones públicas, sean inferiores a la cuantía
de Renta Básica prevista en este texto, complementando los mismos hasta
alcanzar la cuantía establecida para la Renta Básica. En la segunda
fase, se regulará la extensión de la Renta Básica como derecho
universal, integrando pues al resto de personas.
Disposición Adicional Segunda.
Los poderes públicos promoverán la implantación de la Renta Básica en el ámbito del Estado Español y de la Unión Europea.
Artículo Original: ILP Renta Básica
